El mal negocio de privatizar los servicios de limpieza

Los datos proceden de un informe del Tribunal de Cuentas: la limpieza de las calles de los municipios españoles cuesta algo más de 18 euros por habitante, cantidad que cae hasta los 16 si las tareas las asume el propio ayuntamiento (la llamada gestión directa) y que se dispara hasta los 28 si es una empresa quien se encarga de ellas fruto de una concesión o de un acuerdo con el gobierno local. Conscientes de esta diferencia, que supera el 70%, 8 de cada 10 pueblos y ciudades del país prestan el servicio sin intermediarios; en el otro lado de la cuerda se concentran casi todas las grandes urbes, en las que este tipo de trabajos se puede ir hasta los 31 euros por habitante. Por supuesto, el Tribunal de Cuentas no ha encontrado ninguna relación entre la calidad y el precio.

Las regiones más caras son el País Vasco (32 euros), Cantabria (29), Murcia (25) y Madrid (24); los más afortunados son los residentes de Aragón y Navarra (13 euros) y Andalucía y el Principado de Asturias (14).

De media, en las localidades que les han cedido a empresas privadas estas labores, la limpieza se realiza 5,7 días a la semana, mientras que en las demás la frecuencia se reduce a 4,1. Sin embargo, en las primeras la concentración de papeleras en la calle es de 6 por cada 100 habitantes (en las ciudades más grandes la proporción es aún más preocupante: 1 a 100), 30 menos que las que hay instaladas en los municipios cuyos ayuntamientos se encargan del servicio.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha medido el coste del servicio de recogida de residuos, que supera los 48 euros por habitante a escala nacional. Nuevamente se observan diferencias notables en el ámbito local en función de si la gestión es pública o privada: en el primer caso la cifra se sitúa en torno a los 43 euros, mientras que en el segundo se va hasta los 54. Las comunidades autónomas más caras son Baleares y Cataluña (79 y 69 euros, respectivamente), y las más baratas, Extremadura (36 euros) y Andalucía (39).

Vistas las desproporciones, numerosos consistorios han optado por volver a asumir estos servicios. El más reciente ha sido el de León, en manos del Partido Popular, que calcula que la medida le supondrá un ahorro próximo a los ocho millones de euros.

Temas de interés: